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En
un fallo parcial de 6 contra 3 emitido este verano, el
Tribunal Supremo aprovechó la oportunidad para echar por tierra un
pilar clave de la legislación federal: la deferencia Chevron,
una doctrina legal que durante los últimos 40 años ha proporcionado
a las agencias gubernamentales libertad para aplicar las leyes
establecidas por el Congreso. La sentencia ha dotado a las empresas
de una poderosa herramienta con la que inclinar la balanza de la
Administración hacia sus intereses y alejarla por añadidura de los
de los ciudadanos. Se espera que ponga en peligro la capacidad de la
Agencia de Protección del Medio Ambiente a la hora de limitar los
contaminantes y las emisiones que contribuyen al calentamiento
climático, la de la Administración de Alimentos y Medicamentos a la
hora de garantizar la seguridad de los alimentos y los medicamentos,
y la de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades a la hora de
proteger a las personas discapacitadas de la discriminación, entre
otros muchos frentes del Estado regulador.
